La Dirección General de Hacienda establecerá a qué funcionarios les corresponde este beneficio, pudiendo limitar la cantidad de beneficiarios por dependencia e incluir nuevas funciones en las diferentes categorías.

Para ello evaluará: las tareas realizadas, la importancia del riesgo pecuniario asumido, el monto de efectivo o valores directamente manejado y el número de operaciones realizadas con público.